A la reunión, que tiene carácter periódico, asistieron el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, y los directores de la Policía y Guardia Civil, Carlos Conde Duque y Luis Roldán, respectivamente.

Asimismo, estuvieron presentes el director del Plan Nacional sobre Droga, Antonio Falcón, que asistió en representación del delegado del Gobierno, Baltasar Garzón, quien no pud acudir por estar en la votación de los presupuestos en el Congreso; el fiscal Antidroga, Enrique Abad Fernández, el responsable del Servicio de Vigilancia Aduanera y otros mandos policiales.

Según informaron a Servimedia fuentes de Interior, durante la reunión los asistentes constataron la existencia de nuevas modalidades de drogadicción, concretamente las drogas sintéticas, que "están produciendo un deterioro enorme en la juventud".

Asimismo, tuvieron conocimiento de que el número de muertos coo consecuencia del consumo de drogas ha descendido en lo que va de año un 22,7 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que la mayoría de los fallecidos eran mayores de 30 años.

Este descenso es atribudo a la modificación en los hábitos de consumo de drogas, ya que en los últimos años ha descendido el consumo de heroína, mientras que ha aumentado el de cocaína, según reveló Baltasar Garzón recientemente en el Congreso. La elevada edad de los fallecidos puede deberse a que eran antguos consumidores de heroína.

Los responsables de la lucha contra la droga coincidieron también en la necesidad de modificar algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de legalizar la introducción de agentes policiales en las redes de narcotráfico y evitar que puedan ser acusados de "inducción al delito".

Para ello, el Ministerio del Interior deberá presentar ante el Parlamento para su aprobación un proyecto de ley que modifique la legislación actual.

También acordaro intensificar la colaboración ya existente con la banca, con el fin de luchar contra el 'blanqueo' de dinero que se produce a través de las entidades bancarias.

La última reunión del Consejo se celebró el pasado mes de septiembre y en ella los asistentes decidieron poner en marcha la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Antidroga, que tendrá fundamentalmente la misión de luchar contra el 'blanqueo' de dinero procedente del narcotráfico.