Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior, esta cifra incluye los expedientes por fallecimiento de las 192 víctimas mortales en los atentados, incluido Francisco Javier Torronteras, el agente del Grupo de Operaciones Especiales del Cuerpo Nacional de Policía muerto en Leganés el 3 de abril de 2004, cuando siete terroristas se suicidaron haciendo volar por los aires la vivienda en la que se encontraban.

La Oficina de Atención a las Víctimas tiene entre sus competencias las ayudas e indemnizaciones a las víctimas del terrorismo emanadas de la legislación vigente y las relaciones con las asociaciones y fundaciones que representan al colectivo. También presta apoyo y asistencia social a todos los afectados.

Por fallecimiento se han resuelto 380 expedientes, por valor de 42,30 millones, en base a los regímenes indemnizatorios ordinarios y al que establece la Ley de Solidaridad. Respecto de los heridos, se han resuelto dos de gran invalidez por 482.291 euros.

Asimismo, 288 solicitantes han recibido 357.938 euros por incapacidad temporal y se han resuelto 749 expedientes de lesiones permanentes no invalidantes por 458.743 euros.

Según Interior, en los presupuestos del departamento para este ejercicio las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo registran el incremento más importante en el ámbito de la subsecretaría.

En los créditos para la atención a las víctimas del 11-M las indemnizaciones extraordinarias y ordinarias, así como las subvenciones a asociaciones y fundaciones, suman casi 46,8 millones. En 2004 ascendieron a 991.270 euros.

ASISTENCIA SOCIAL

El área de Asistencia Social ha realizado 230 visitas hospitalarias y 121 domiciliarias y ha atendido 3.679 entrevistas personales y 13.457 consultas telefónicas, a través de la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.

También ha realizado 120 acompañamientos (al Consorcio, a la Seguridad Social, etcétera), con el fin de arropar al máximo a las víctimas y sus familiares.

Los servicios sociales han asesorado a las familias de los fallecidos en diferentes gestiones, sobre todo en las referidas al cambio de titularidad de los inmuebles propiedad de los fallecidos a nombre de sus herederos, a la adaptación del puesto de trabajo o el cambio del mismo para conciliar la vida familiar y laboral, y al apoyo escolar a los huérfanos.

Igualmente, han recibido un respaldo educativo los heridos más jóvenes, así como asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las necesidades de empleo y de adaptación del puesto de trabajo, como consecuencia de las heridas sufridas en los atentados.

DAÑOS MATERIALES

En el caso de los heridos graves y de sus familias, la orientación prestada se ha centrado en las necesidades de vivienda y alojamiento provisionales para los familiares de los heridos que requerían hospitalización prolongada, así como la adaptación de las viviendas a las nuevas situaciones de incapacidad.

Según el Ministerio del Interior, se han resuelto ocho expedientes por daños materiales a viviendas o vehículos derivados del 11-M, por 4.070 euros.

Asimismo, en el transcurso del año se han resuelto 83 expedientes de anticipo o pago a cuenta de lesionados cuyo expediente indemnizatorio no estaba terminado, por una cuantía de 609.413 euros.

Según el Gobierno, la elaboración de un censo final de víctimas del atentado ha sido compleja como consecuencia del elevado número de viajeros que ocupaban los trenes o que se encontraban en las estaciones y que pudieron sufrir heridas leves, así como otras secuelas físicas o psíquicas susceptibles de aparecer gradualmente.

En el caso de los heridos, los expedientes se han ido resolviendo conforme al tiempo necesario para la curación o consolidación de las secuelas definitivas que han dado lugar a la incapacidad indemnizable y según han podido acreditar los heridos leves el nexo causal con la tragedia.

PROCESO DE REGULARIZACION

Por su parte, la Oficina de Atención Directa a Víctimas y Familiares del 11-M, puesta en marcha por el Cuerpo Nacional de Policía, ha atendido a más de 12.350 personas que han solicitado información sobre los procesos de regularización y nacionalización abiertos por el Gobierno.

La oficina ha recibido 2.590 solicitudes de regularización y, hasta el momento, se han concedido 900 tarjetas de residencia (449 a víctimas y 451 a familiares) y otras 908 autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales (441 y 457, respectivamente).

En este capítulo, se han tramitado 2.690 expedientes, denegándose 1.587 peticiones, bien porque no ha resultado acreditado que se tratase de afectados directos por el 11-M, porque no reunían los requisitos que exige la ley o por otras causas (antecedentes, decreto de expulsión, etcétera).

En cuanto al proceso de nacionalizaciones, la Comisaría General de Extranjería y Documentación remitió a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, las 1.209 solicitudes de nacionalidad recogidas hasta el 1 de mayo de 2004.