Desde hace meses, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias prepara una modificación del Plan de Amortizaciones de Centros Penitenciarios que haga viable uno de los preceptos incorporados a nuevo Código Penal: el arresto de fin de semana.

La filosofía que envuelve al proyecto, según su definición, es sustituir los tradicionales centros penitenciarios grandes, con capacidad para 1.200 internos, por centros más pequeños en las ciudades con una capacidad variable de entre 20 y 60 camas.

Según los primeros estudios, cada nuevo centro o 'mini-prisión' supondría una inversión de alrededor de 200 millones de pesetas. Estos dispondrían de la seguridad habitual destinada a centros carcelaris pero con instalaciones preparadas sólo para que los internos acudan a ellos a dormir o pasar el fin de semana.

El informe sigue en fase de redacción y se fundamenta en otro paralelo que se diseña región por región. Se tienen en cuenta dos factores: El descenso estadístico de la población general penitenciaria y el hecho de que esta caída se hace más patente en unas regiones que en otras.

En la actualidad, existen en algunas ciudades el llamado Centro de Inserción Social (CIS), en cuyo modelo Inerior está fundamentando su estudio para la creación de los nuevos centros penitenciarios. Precisamente, los centros de Inserción Social se crearon para cumplimiento de condenas en tercer grado.

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias afirmó que las penas de arresto de fin de semana que se empezaron a imponer en 1996 están cumpliéndose en su totalidad. Para ello, en las ciudades donde no hay CIS la pena se cumple en el módulo de ingresos de cada centro penitenciario. Esto es así, según señala el Rglamento Penitenciario, para que este tipo de presos cumplan separados del resto su condena con el objeto de evitar el "efecto contaminante".