Un promedio de 1,2 acciones de violencia callejera al día se registró en el País Vasco, Navarra y Cantabria durante los seis meses transcurridos desde que ETA cesara su actividad violenta. Las provincias más afectadas han sido las de Vizcaya y Guipúzcoa, y las que menos Alava y Cantabria (ésta última sólo con tres).

La mayoría de los 220 atentados sin víctimas mortales se han producido después de la celebración de las elecciones autonómicas vascas del 25 de octubre, concentrados, sobre todo, en los fines de semana de los últimos tres meses y medio. De acuerdo con el informe de Interior, los ataques contra intereses bancarios y las algaradas callejeras han sido los hechos más frecuentes.

Por otra parte, durante el periodo cumplido de tregua etarra, se han registrado 119 casos de amenazas de los radicales contra ilitantes y dirigentes del PP y del PSOE, así como concentraciones ante domicilios particulares de éstos o funcionarios de la Administración de Justicia.

De los 220 actos de violencia callejera contabilizados hasta la fecha, sólo 28 fueron cometidos antes de las elecciones vascas: 11 entre el día 16 y el 30 de septiembre, y 15 entre el 1 y el 25 de octubre. Tras un mes de noviembre que continuó con la tónica anterior, 14 acciones, en diciembre se disparó la violencia.

Así, desde entonces y hasta oy, se han producido 174 actos violentos: 51 en diciembre, 45 en enero, 24 en febrero, y 56 en los primeros 16 días de marzo, coincidiendo los más graves con la detención en París de varios dirigentes de ETA y en Guipúzcoa con el desmantelamiento del reconstituido "comando Donosti".

Por otra parte, el Ministerio del Interior subraya en su informe que desde que se aprobó el 18 de febrero pasado en el Parlamento vasco una moción de condena de todo tipo de violencia, apoyada por el PNV, EA, EH e IU, han enido lugar un total de 67 atentados.

Según el análisis que hace el departamento que dirige Jaime Mayor Oreja, hasta principios del pasado mes de diciembre, las acciones violentas consistían, fundamentalmente, en la quema o el asalto de cajeros automáticos, sucursales bancarias, mobiliario urbano, postes de electricidad o de telefonía, instalaciones ferroviarias, vehículos de Correos o dependencias de empresas privadas.

A partir de entonces, los radicales empezaron a cometer atentados directos cotra personas y policías. Entre los hechos más graves, destacan los lanzamientos de cócteles molotov contra los cuarteles de la Guardia Civil de Eibar y Getxo, contra vehículos oficiales de las Fuerzas de Seguridad del Estado o partiulares de miembros de éstas.

Asimismo, se ha producido la colocación de artefactos explosivos o incendiarios junto al domicilio de un militar de Vitoria, al despacho de un edil socialista de Ordizia, la vivienda de un concejal del PP en Santa Cruz de Campezo, la de otro en reviño y en el domicilio de los padres de un edil del PSOE en Bilbao.

De igual modo, destacó el apedreamiento del domicilio del presidente de Nuevas Generaciones del PP en Vizcaya, así como los incendios de la vivienda de un guardia civil y del comercio en Santurtzi del representante municipal del PP en Erandio, o el envío de un paquete-bomba a la única edil del PP en Azkiotia.

En cuanto a las amenazas, de las 119 registradas, 97 estaban dirigidas contra militantes y cargos públicos del PP y del SOE. Asimismo, se han producido un total de 28 concentraciones ante domicilios particulares o sedes de partidos políticos. También en este caso, los más castigados fueron los cargos electos del PP y, en menor medida, los del PSOE.