La preparación de este convenio fue analizada hoy en Madrid por el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; el presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, y la vicepresidenta segunda de esta institución, Rosa Aguilar.

Rubalcaba explicó, durante una rueda de prensa posterior al encuentro, que el ministerio ha acordado con los representantes municipales analizar en septiembre el convenio que existe entre ambas partes, con objeto de llevar a cabo una modernización del mismo.

El ministro señaló que esto es algo en lo que su departamento ya está trabajando y que espera que culmine con la firma de un nuevo convenio con la FEMP en octubre.

DINERO PENDIENTE

El objeto de este nuevo acuerdo, indicó Rubalcaba, es seguir profundizando en la colaboración entre las policías locales y la Nacional, ya que cuanto mayor entendimiento haya en este campo habrá "mayor seguridad".

A su vez, Heliodoro Gallego indicó que la "comisión mixta" que su institución creará con Interior servirá para actualizar un convenio en vigor, que data de 2002.

Por otra parte, Gallego se quejó de que su institución ha recibido las quejas de los ayuntamientos en el sentido de que éstos no están recibiendo las ayudas que aprobó el Congreso para ayudar a los municipios a hacer frente a las necesidades de los inmigrantes.

El responsable de la FEMP dijo que hace falta un "giro" en este aspecto, ya que las subvenciones aprobadas por el Estado deben llegar "de manera más directa" a los consistorios.

A este respecto, el ministro dijo que tiene constancia de que el Estado ha transferido a las comunidades en 2006 y por este concepto una partida de 164 millones de euros, dinero que el Congreso estableció que debe ser destinado a la educación de los hijos de los inmigrantes y a su atención social.

Por este motivo, Rubalcaba recomendó a la FEMP y a los ayuntamientos que se dirijan a los portavoces parlamentarios, así como a las comunidades y a las instancias precisas, para reclamar que se les transfiera el dinero aprobado en el Congreso.