El portavoz de Anfei, Pedro Tarquis, afirmó a Servimedia que las enmiendas traicionan el espíritu del acuerdo alcanzado por el Insalud con los especialistas interinos, protagonistas de la huelga que propició el acuerdo para la estabilidad laboral, y que, "por contentar a todos, ha quedado en un concurso de traslados con pequeñas mejoras".

A juicio de Anfei, "las modificaciones o enmiendas que, según nos ha informado el Grupo Parlamentario Popular, resentará para el borrador de ley en el Parlamento afectan gravemente a una de las finalidades esenciales de la ley: la estabilidad de los facultativos interinos".

La asociación afirma que "estas enmiendas traicionan el pacto alcanzado con el Insalud y que ratificó la Mesa sectorial de Sanidad".

Estas enmiendas, según Anfei, "provocan que se eleve de forma alarmante el número de especialistas interinos de hospitales que perderán su plaza en el sistema público de sanidad" y además tendrán "un efeco de estímulo para que los médicos propietarios se presenten y desplacen a los especialistas interinos, originando un auténtico caos, especialmente en algunas especialidades y hospitales".

Anfei indica en el comunicado de que los grupos parlamentarios Socialista y Mixto les han informado, en las reuniones mantenidas durante los últimos días, su apoyo a la estabilidad de los facultativos interinos y su decisión de presentar enmiendas que apoyen las reivindicaciones de estos profesionales.

PLAZAS

La nota agrega que "aunque verbalmente el Insalud nos ha manifestado que mantiene su compromiso de sacar todas las plazas estructurales (contratos de interinos y otros irregulares que de facto son interinos -eventuales prolongados, sustitutos, etc.-), aún no nos ha confirmado el número de plazas".

Según Anfei, en caso de continuar la situación actual, el próximo 31 de octubre propondrán recurrir la ley de estabilidad para el empleo de los interinos y convocar movilizaciones.

"Entendemos que la acuación del Grupo Parlamentario Popular y del Insalud supone, en el mejor de los casos, una grave irresponsabilidad, que no sólo rompe un pacto ya alcanzado, sino que hace peligrar innecesariamente la situación laboral de un grupo de profesionales de alta cualificación y de la propia asistencia sanitaria pública", concluye el comunicado.