La sentencia de la seción cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que tuvo acceso Servimedia, declara que los procesos extraordinarios de ofertas públicas de empleo derivados de la Ley 16/2001 y las diferencias de baremo entre aspirantes en las distintas comunidades autónomas no violan los principios constitucionales.

Argumenta la Audiencia que las determinaciones del baremo establecidas por la Ley 16/2001 se producen para poner fin a la alta temporalidad que sufre el personal estatutario, lo que obliga aintroducir criterios restrictivos respecto a una OPE normal.

Recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional admite esta circunstancia si se trata de una situación excepcional, en un proceso extraordinario que se utilice por una sola vez y que lo ampare una ley, como sucede en este caso.

La sentencia considera ajustado a derecho que la formación para Médico Interno Residente (MIR) reciba una puntuación especial y que los aspirantes de otra Administración distinta de la convocante reciban un ercio de la puntuación otorgada por experiencia profesional a los empadrona en la comunidad que convoca la prueba.

La Audiencia justifica la diferencia de trato para prevenir los "desplazamientos masivos de profesionales entre comunidades autónomas", situación que es recírpoca entre los distintos servicios de salud, lo que, a su juicio, no es una desproporción "irracional o discriminatoria".