En los 7.000 folios de los que consta hasta el momento el sumario, pueden seguirse los pasos dados desde el momento de la privatización de la fábrica textil malagueña, en 1989, hasta que en 1992 revertió a las actas del Estado en una situación económica totalmente precaria.

Las conversaciones previas a la privatización de la empresa fueron desarrolladas por dos de las personas encarceladas en la actualidad, el abogado marbellí y ex administrador único de Intelhorce, José Manuel Muñiz, el etonces director general de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno García, quien se encargó de efectuar un informe favorable a la elección de Giovanni Orefici como el empresario idóneo para hacerse cargo de la textil.

Ninguna de las condiciones reflejadas en el contrato de compra-venta, aprobado en verano de 1989 por el Consejo de Ministros, fue cumplida por parte de los compradores, quienes sí se beneficiaron a cambio de los compromisos que había adquirido la Administración en el acuerdo: el esembolso de 5.869 millones de pesetas destinados a una ampliación de capital.

Fuentes próximas a la investigación mantiene que Orefici, que ni tan siquiera llegó a desembolsar los 4.000 millones de pesetas en pago de la fábrica, empleó el dinero destinado a la ampliación de capital en la presunta compra de letras del tesoro que le generaron beneficios por más de 200 millones de pesetas.

En el sumario que se instruye en la audiencia malagueña podrían figurar, asimismo, algunas de las facturas falas que habrían servido a los gestores de Intelhorce para desviar dinero hacia otras sociedades. Entre ellas, figuraría una por valor de 56 millones de pesetas a nombre de una sociedad en Ceuta que se disolvió un mes después de cobrar el importe. Asimismo, existen facturas que reflejan operaciones comerciales de la empresa textil en países como Hungría y Polonia, que no llegaron a realizarse jamás.

Entre las operaciones comerciales que Giovanni Orefici desarrolló durante su etapa al frente de Intelhorc figuraría además la compra, con cargo a las cuentas de la fábrica malagueña, de una cadena de 17 tiendas comercializadoras de ropa marca Benetton cuyas acciones quedarían registradas a nombre de una sociedad en la que él tenía la mayoría del capital.

Intelhorce se desprendió en esta operación de 790 millones de pesetas como precio de las tiendas y se comprometió además a asumir las deudas que éstas mantenían con Benetton, más de 222 millones de pesetas, a cambio de un stock almacenado supuestamente e Santa Cruz de Tenerife.

Según fuentes próximas a la investigación judicial, en los extractos bancarios de las cuentas abiertas a nombre del italiano entre 1989 y 1992 se pueden comprobar numerosos ingresos con cargos a Intelhorce en concepto de "atenciones particulares". La cuenta abierta en el Banco Exterior de España por Orefici, destinada a sus gastos de representación, se "inauguró" con un saldo de 120 millones de pesetas y a finales de 1989 contaba ya con más de 213 millones.

El saldo de esa cuenta, que llegó a alcanzar 476 millones de pesetas, comenzó a ser transferido a partir de 1990 a nombre de la misma sociedad que registró la titularidad de las 17 tiendas de Benetton, participadas mayoritariamente por Orefici.

La fábrica, que cuando fue privatizada contaba con una plantilla de 1.667 personas, fue sometida a una drástica reducción de empleo al retornar a la titularidad pública. En la actualidad, la factoría cuenta con una plantilla de 729 trabajadores, se encuentra en suspensión depagos y en los próximos días se hará efectiva una reducción temporal de empleo que afectará durante 6 meses a la práctica totalidad de la plantilla.