En la actualidad, la Junta de Andalcía negocia con siete empresas del sector textil la posibilidad de participar entre todas en la compra de los activos industriales de Intelhorce con el fin de reanudar la actividad.

Aunque se esperaba que las negociaciones hubieran podido plasmarse en un protocolo de intenciones hace ya dos semanas, desacuerdos de última hora están retrasando la firma del documento.

Las empresas que han mostrado interés en explotar la fábrica malagueña acuerdan en estos momentos la fórmula mediante la cual constiuirán su nueva sociedad, en la que deberán atender a las diferentes necesidades y objetivos de cada una de las entidades participantes en el proyecto.

Mientras que unas empresas tan sólo se encuentran interesadas en la posibilidad de fabricar tejido en bruto aprovechando la maquinaria existente para ello en Intelhorce, otras apuestan por la confección o la tejiduría.

Esta diferencia de intereses está obligando a los empresarios a no precipitarse en la constitución de la sociedad, en la que cada uo de ellos participará con diferente presencia en el capital.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha contratado los servicios de una consultora para vigilar que todo el proceso se desarrolle conforme a lo previsto y a la ley, con el objeto de impedir posibles irregularidades que hagan que se repita lo sucedido con la privatización de la fábrica en 1989 a Giovanni Orefici.

Por otro lado, los más de 720 trabajadores de la fábrica pasaron a principios de este mes de octubre al paro, tras el cierre ompleto de las instalaciones el 30 de septiembre.

Improasa procedió en esa fecha al pago de 8.000 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones y liquidaciones a los trabajadores, alguno de los cuales pasaran a formar parte como nuevos contratados de la empresa que se constituya para explotar los antiguos activos industriales de Intelhorce. Otra parte de la plantilla ha pasado directamente a la jubilación anticipada.