La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Industria, se hizo cargo de las negociaciones actuales, desde que en verano de 1994 Patrimonio del Estado hiciera pública su intención de presentar un expediente de regulación de empleo, que, un año más tarde, se ha transformado en la liquidación totl de la plantilla y la sociedad.

Fuentes de la Consejería de Industria han confirmado que está a punto de firmarse un acuerdo de compra de la fábrica a un grupo formado por siete empresas, anteriormente clientes de Intelhorce y que pasarán ahora a ser sus propietarias, integrando a la fábrica textil en sus cadenas de confección.

El compromiso de compra incluye la condición de mantener aproximadamente 516 puestos de los 727 con los que contaba la empresa malagueña en los últimos años, aunque sin crgas resultantes de los derechos adquiridos en la etapa anterior gracias a la operación de liquidación.

Las empresas compradoras deberán registrar su sociedad antes del próximo 31 de septiembre de forma oficial, para poder reanudar la actividad lo antes posible.

El proceso de negociación de la venta ha sido duramente criticado esta semana por los líderes provinciales de UGT, quienes aseguran que el bajo precio que van a pagar las empresas compradoras por la fábrica podría dar pie a un nuevo fracao de la venta y a su cierre definitivo.

La semana pasada, el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una proposición no de ley para que se instara a la Dirección General de Patrimonio a vender la fábrica a un precio asumible para los compradores.

Según el secretario provincial de UGT, Francisco Valenzuela, las negociaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía se basan en una inversión de 350 millones de pesetas por parte del grupo comprador, lo que considera una cantidad que provocará que nose sientan comprometidas con el futuro de la "nueva Intelhorce".

PROCESO JUDICIAL

Todo este proceso se ha desarrollado de forma casi paralela a la instrucción del sumario del 'caso Intelhorce', a cargo del juez de la Audiencia Provincial de Málaga Juan Francisco Ramírez Barroso y que mantiene en prisión al empresario Giovanni Orefici, beneficiario de la segunda privatización de la factoría, y al ex administrador único de la textil, José Manuel Muñiz.

El sumario revela que Orefici pagó 15 millons de pesetas al que fuera presidente de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno -quien salió el libertad la semana pasada tras abonar una fianza de 25 millones de pesetas- para que éste favoreciera la privatización.

A partir de ahí, hasta el momento el juez ha demostrado que el "clan Orefici" descapitalizó la fábrica mediante la estafa, apropiándose de bienes públicos y dejando a la factoría en una situación tan difícil de la que aún no se ha recuperado.

La acusación particular solicitaráen breve al juez que el ex ministro de Economía Carlos Solchaga sea declarado imputado en el proceso. Hasta ahora, Solchaga sólo ha aparecido en el sumario como testigo y como tal declaró recientemente ante Ramírez Barroso en medio de un total secretismo.