La propuesta sustituye las penas de cárcel por la inhabilitación especial para empleos o cargos públicos durante un período de tiempo de entre cuatro y sei años, y por la imposibilidad de recibir cualquier tipo de subvenciones, becas o ayudas públicas mientras dure la condena.

El texto, tomado en consideración por el pleno de la Cámara Baja el pasado 16 de febrero, fue duramente criticado por PSOE e IU tras su presentación.

Los socialistas acusaron a los populares de practicar la "hipocresía política", al defender una propuesta "muy similar" a la presentada por el PSOE, mientras que IU reprochó al PP pretender "lavar su mala conciencia y las vergüezas políticas" con esta iniciativa.