Larreina adujo que, aunque la supresión de las penas de cárcel es "un paso adelante", el Gobierno mantiene la sanción administrativa, lo que supone "la muerte civil" para el insumiso, que se ve así "privado de derechos fundamentales como la educación, la vivienda y el trabajo".

A su juicio, esta "solución parcial" se debe a la "visión anacrónica" que tiene el Gobierno del servicio militar, "con esquemas más propios del siglo XIX que del siglo XXI" y que reflejan una concepcón de la misión de las fuerzas armadas "muy poco civil, muy militarista".

Subrayó que se tiene que afrontar "sin ninguna dilación" la transición hacia un ejército profesional, puesto que "hay que respetar la conciencia de las personas en temas como la paz, con una concepción más moderna, más cercana a lo que piensan y desean la mayoría de los jóvenes".

Larreina, que se confesó objetor de conciencia, declaró a esta agencia que "vive de forma directa el problema", y considera que se está manteniend una legislación "absurda", con penas totalmente "injustas" para personas "cuyo único delito es creer en la paz y negarse a empuñar un arma".

Denunció lo desorbitado de las penas impuestas a los insumisos en relación con otros delitos, como el de los malos tratos. "Estos días, desgraciadamente, se ha demostrado lo absurdo del tema, que haya penas de cárcel para una persona por su carácter pacifista, por negarse a empuñar un arma mientras que otras personas por agredir a su compañera tengan unas penas ínimas", concluyó.