Así consta en un informe al que tuvo acceso Servimedia, redactado por el vocal Adolfo Prego de Oliver y relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifican los códigos Penal y Militar en materia de delitos relativos al servicio milita y a la prestación social sustitutoria.

Este anteproyecto de ley permite la revisión de las sentencias firmes dictadas en relación con la comisión de los delitos que se despenalizan con esta nueva normativa, así como el sobreseimiento y archivo de los procedimientos penales incoados al respecto.

Según el informe, el texto definitivo debería establecer "expresamente" la obligación para el Ministerio Fiscal y los órganos jurisdiccionales de acometer con carácter "urgente" la revisión de los correpodientes procedimientos judiciales sobre los delitos que se despenalizan con la reforma.

En cuanto a las sentencias condenatorias firmes, el CGPJ estima que la reforma debe especificar que sólo podrán revisarse aquellos fallos pendientes de ejecución, no así las que ya se hubiera hecho efectivas.

Por otra parte, el informe estima que el mencionado anteproyecto "supone la culminación del proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas y trata de resolver situaciones conflictivas generadasen la etapa anterior, caracterizada por la incorporación obligatoria al servicio militar o a la prestación social sustitutoria".

En el informe, que deberá ser aprobado en el próximo Pleno del CGPJ, se hace hincapié en que la despenalización anunciada no se exitende a otros delitos militares que tipifican conductas que no están directa ni indirectamente vinculadas con el deber de prestación del servicio militar.

El anteproyecto de ley nace debido a la profesionalización de las Fuerzas Armadas y trta de dejar sin efecto los artículos 527 y 604 del Código Penal, que tipifican los delitos contra el deber de cumpimiento de la prestación social sustitutoria y del Servicio Militar.

Además, el texto propone la derogación del artículo 119 bis del Código Penal Militar, que castiga al militar de reemplazo que injustificadamente se ausente de su unidad, destino o lugar de residencia por más de quince días o no se presente trascurrido dicho plazo desde el momento en que debió efectuar su incorporación.

El anteproyecto de ley da una nueva redacción al artículo 120 del Código Penal Militar, que tipifica el delito de deserción y que a partir de ahora sólo podrán cometer los militares profesionales y los reservistas incorporados a las unidades, centros u organismos correspondientes del Ministerio de Defensa.

Mediante Real Decreto, el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria quedaron suspendidos desde el 31 de diciembre de 2001.