A su juicio, castigar en el Código Penal una serie de conductas como el rechazo al cumplimiento del servicio militar -"que es una obligacin jurídica, y no un deber fundamental ni nada por el estilo"- pervierte el sentido del Derecho Penal.

Rois explicó que no hay justificación para que se tipifiquen conductas como la insumisión, ya que "el Código Penal está para defender bienes esenciales de la comunidad, no para otras cosas".

Argumentó además que el espíritu del Derecho Penal español no es la venganza, sino solucionar problemas sociales y facilitar la reinserción en la comunidad de los desviados sociales, lo que en el caso de los nsumisos tampoco ha lugar, "ya que están completamente integrados en la sociedad, que lo quiere es la desaparición de instrumentos como el servicio militar".

Desde el punto de vista de la proporcionalidad, Rois señaló que las penas de inhabilitación impuestas a los insumisos no se trasladan a otros delincuentes más graves, como los defraudadores de Hacienda, por ejemplo.

DERECHO HUMANO

Recordó que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha declarado en tres ocasiones, concretamente e 1987, 1989 y 1993, que la objeción de conciencia es un derecho humano, y éstos no pueden ser limitados por obligaciones jurídicas, otra razón por la que "patina y yerra" la regulación de la insumisión en el nuevo Código Penal.

Además, según Rois, "esta nueva regulación nace ya vieja, porque los jueces en nuestro Estado ya lo tienen hablado", superando la visión del nuevo Cógido Penal y demostrando con sus sentencias a este respecto que van por delante de él. "Los jueces están para aplicar la ley, no ara ejecutar las políticas torticeras que hacen los gobiernos", dijo.

El abogado del MOC indicó que por muchas regulaciones y penalizaciones que se impongan a la insumisión, no se va a solucionar el problema sociológico, porque este tipo de conductas van a seguir existiendo.

Manifestó que las palabras del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en las que afirmó que el nuevo Código Penal es el código de la democracia y de la resocialización, "no son más que una caricatura y un chise", porque demuestran todo lo contrario.

Actualmente, las cárceles españolas albergan a un total de 263 objetores insumisos. Las provincias con más presos por este delito son Navarra (115), Vizcaya (56), Zaragoza (30), Guipúzcoa (22) y Madrid (10).