Bouza calificó de "durísima" la posibilidad de que los insumisos a la Prestación Social Sustitutoria queden inhabilitados para el acceso a la Administración durante un periodo comprendido entre ocho y doce años, ya que las penas "no se corresponden con el hecho propio de la insumisin".

La JSE considera que existen medidas a corto y medio plazo para resolver este asunto y apunta como soluciones las "ya citadas por el presidente del Gobierno, Felipe González", como por ejemplo igualar la duración de la Prestación Social Sustitutoria con la del servicio militar y tender a la profesionalización del Ejército español.

Bouza insistió en que se tienen que tomar medidas para "dignificar la figura del objetor", a la vez que reiteró que seguirán presionando contra la promulgación de eta normativa, puesto que "la no penalización de los insumisos es una postura muy demandada por los jóvenes españoles".