El plenario del Grupo Parlamentario Socialista debatió hoy de forma extensa una propuesta de varios diputados en la que pedían la eliminación del Código Penal de todos los supuestos -excepto para tiempos de guerra- en los que están previstas penas privativas de libertad para los insumisos.

El debate puso de manifiesto una clara división en el seno del grupo entre quienes están a favor y en contra de la cárcel para los insumisos y obligó a que el portavoz, Joaquín Almunia se comprometiera a abrir consultas con el Gobierno para estudiar los posibles cambios.

Los partidarios de mantener la cárcel adujeron que la eliminación de la prisión supondría una insumisión masiva de jóvenes al servicio militar que nada tendría que ver con razones de conciencia.

Además, recordaron que en el Derecho comparado hay una apuesta mayoritaria por la imposición de la pena de cárcel para este tipo de conductas. En favor de esta tesis intervino, entre otros, Pedro Moya, portavoz en la Cmisión de Defensa.

DEBATE "CON CALMA"

En el polo opuesto, Manuel de la Rocha fue el encargado de defender la propuesta partidaria de acabar con la cárcel, que también fue apoyada expresamente por diputados como Carlos Navarrete o el secretario general del grupo, Jesús Caldera.

Estos diputados creen que hay que apoyar las enmiendas de CiU, que suprimen la pena de cárcel para todos los supuestos de incumplimiento del servicio militar o de prestación social y la sustituyen por la inhabilitación de8 a 12 años para el desempeño de cargos públicos.

Al término de la reunión, Almunia reconoció que la discusión está todavía abierta y hoy sólo se habían podido fijar "algunos criterios" sobre el tema que tienen que ser debatidos "con más calma".

Según explicó a Servimedia Manuel de la Rocha, la tipificación penal de la insumisión podría discutirse la próxima semana, durante el pleno extraordinario que celebrará el Congreso para concluir el debate en esta Cámara del proyecto de ley de Código Penal

El dictamen del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia, y cuya discusión reanudó hoy el Congreso, prevé penas de cárcel de seis meses a dos años al objetor de conciencia que se retrase más de un mes en su incorporación a la prestación social o que deje de asistir a la misma durante más de diez días.

Para el que se retrase sin causa justificada en la incorporación al servicio militar se contemplan penas de cárcel de seis meses a dos años de cárcel en tiempo de paz y de tres a seis aos en tiempo de guerra.