En un auto dictado este jueves, el instructor desestima los recursos presentados por el fiscal general y por la acusación popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra el auto de 20 de enero de 2025 en el que acordó el envío de comisiones rogatorias a las sedes de ambas compañías, radicadas en Irlanda.

Hurtado vuelve a reprochar a García Ortiz la prolongación del plazo de instrucción, que acordó esta misma semana, y argumenta que ha sido “la propia actuación del investigado” la que ha hecho necesario recurrir a ambas compañías, tras haber “hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos”.

El recurso del fiscal general se amparaba en la “indeterminación” de las diligencias acordadas y en la “ausencia de motivación” de las mismas para oponerse. Pide además, que los datos reclamados se enmarquen en unos “límites” claros, incluidos los temporales para no rebasar las fechas en las que se pudieron producir los mensajes (entre los días 8 y 14 de marzo de 2024).

La defensa del fiscal general considera que la investigación tecnológica acordada es “inidónea por indiscriminada, desproporcionada e innecesaria”, por lo que incurriría en causa de nulidad.