Según informaron hoy fuentes de la investigación, la fiscalía no ha interpuesto recurso de queja ante la sala frente a la nueva resolución del magistrado y ya se ha agotado el plazo para ello, por lo que las pruebas que pueda haber acumulado a raíz del registro serán consideradas como válidas.

Las mismas fuentes explicaron que Barbero mantiene asimismo, en dos infrmes remitidos a la sala, que el ultimatum dado al partido socialista para que entregara sus libros de contabilidad y el registro del Banco de España fueron ajustados a derecho y critica una vez más la labor obstruccionista del ministerio público por recurrrir de forma sistemática cada una de sus resoluciones.

La entrada en la sede del PSOE sólo quedará sin efecto en el caso de que prospere la petición efectuada por los abogados defensores de los implicados, que solicitaron la nulidad de las actuacions realizadas por el magistrado por estimar que se han vulnerado derechos fundamentales.

Este era el cuarto recurso interpuesto por la fiscalía contra las diligencias practicadas por el instructor. El mismo día del registro en el PSOE, la sala respaldó al juez al estimar procedente la ampliación de la causa al ordenar que se investigaran a más de 70 empresas relacionadas con Filesa, medida que el fiscal consideraba innecesaria.

Aún quedan pendientes de resolver otros dos recursos contra los autos or los que el juez decretó el registro del Banco de España y presentó un segundo requerimiento al PSOE para que remitiese la documentación referente a su contabilidad.

Barbero rechazó ambos recursos, que deberán ser estudiados por la sala compuesta por Enrique Ruiz Vadillo, José Augusto de Vega y Luis Román Puertas, que ya han recibido los escritos de alegaciones del instructor en las que, según las mismas fuentes ha reprochado de nuevo la labor obstruccionista del fiscal.

Mientras tanto y hasta ue Barbero no decida si solicita la concesión del suplicatorio para proceder contra los parlamamentarios socialistas querellados, Carlos Navarro y Josep María Sala, la instrucción continúa a la espera de que los aforados presten declaración voluntariamente la próxima semana y que los inspectores de Hacienda elaboren el informe pericial sobre la documentación incautada durante los dos meses de secreto sumarial.