En declaraciones a Servimedia, Martínez Aedo dijo desconocer el procedimiento legal que deben seguir los jueces contra quienes se autoinculpan de prácticas abortistas, pero afirmó que, en cualquier caso, "la justicia debe respetar las leyes" y pidió a las autoridades judiciales que así lo hagan también en estos casos.

De todas formas, añadió este representante del IPF, el "drama" del aborto no está en las autoinculpaciones que distintos colectivos están protagonizando para apoyar a las clínicas abortistas, que aseguran estar desprotegidas ante la justicia, al igual que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo acogiéndose a la legislación vigente.

En su opinión, el "drama" del aborto se encuentra en las más de 100.000 mujeres que se ven obligadas a interrumpir su embarazo "por falta de ayudas públicas", como centros de apoyo a la mujer.

Por último, este vicepresidente del Instituto de Política Familiar acusó al Gobierno de dar "tarde" los datos sobre el aborto en España, para retrasar con ello la mala imagen que originan del Ejecutivo actual.