A juicio del IPE, se ha constatado la "ineficacia" de la política de salud y sexualidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapateroy acusó a las administraciones de "mirar para otro lado ante el drama del aborto".

Para el IPE, es necesario desarrollar una política preventiva basada en la concienciación sobre "la importancia y el valor personal y social de la natalidad, el embarazo y la maternidad".

Asimismo, pidió que se aumenten los recursos públicos, medidas de apoyo destinadas a la mujer embarazada y políticas de información para ésta.

Además, apostó por crear una "Mesa de Expertos" que analice y proponga "soluciones y alternativas para resolver la problemática del aborto". Otra de sus ideas pasa por crear un Plan Nacional sobre Natalidad.

El IPE también reclamó que se potencie el "Programa Red de madres" en las distintas comunidades autónomas, y que actualmente se desarrolla en Madrid, para ayudar a todas las madres, solteras o casadas, a tener a sus hijos.

A juicio del IPE, otra medida de apoyo puede consistir en una ayuda directa universal al embarazo de 1.026 euros (correspondiente a una paga de 114 euros durante 9 meses) que se pagaría en el momento del parto.

Para las adolescentes embarazadas e inmigrantes, el IPE abogó por un programa específico para ayudarlas a afrontar los problemas que les puede plantear el embarazo.

Además, aseguró que se debe regular el consentimiento informado específico en materia de aborto que incluya la información a la embarazada sobre las secuelas que un aborto puede dejar para la salud física y psicológica de la mujer.