Antonio Gutiérrez Castaño, director general e inspirador de este instituto, cuya creación ha sido impulsada po Estudio Legal Abogados, explicó que la nueva legislación sobre prevención de riesgos laborales es "compleja" y dijo que el objetivo del instituto es asesorar a las empresas "en el día a día", ayudándoles a evaluar los riesgos laborales, realizar y auditar los sistemas de prevención y, en definitiva, cumplir la normativa.

Gutiérrez reconoció que la aplicación de la ley sobre prevención de riesgos laborales y del reglamento de los sistemas de prevención -este último entrará en vigor en breve- supondrá n coste adicional para las empresas, especialmente para las que no están concienciadas y no hacen ya labores de prevención.

Enrique Sánchez, otro de los promotores y expertos en temas de seguridad e higiene en el trabajo, aseguró no obstante que este coste, que no supieron evaluar, se contrarrestará con el ahorro que se derivará de menores accidentes y enfermedades profesionales.

En este sentido, Sánchez, que ha tenido durante varios años responsabilidades en el Instituto Nacional de Seguridad e igiene en el Trabajo, apuntó que en 1993 se perdieron 15.165.000 jornadas de trabajo por accidentes laborales, que supusieron un coste directo para las empresas de 159.000 millones de pesetas, a los que hay que sumar los costes indirectos, que son entre cuatro y diez veces los directos.

Sánchez insistió en que es necesario aumentar la prevención para reducir la siniestralidad laboral. Según sus datos, en 1996 la cifra de accidentes laborales con baja creció un 16,5 por ciento, hasta colocarse entre 69.000 y 700.000. Las víctimas mortales de estos siniestros fueron entre 1.500 y 1.600, cantidad similar a la de 1995.