Montoro hizo estas declaraciones durante su intervención en el semiario internacional sobre "La privatización del sector público: una oportunidad para las empresas", celebrado hoy en Madrid y que ha sido organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

A juicio de Montoro, la privatización de los servicios y las empresas públicas debe ser una tarea prioritaria para la economía española durante esta década, si quiere aumentar su competitividad internacional. Insistió en que esta tarea concierne a todos los agentes sociales.

En el caso de la Seguridad Scial, Montoro hizo hincapié en la necesidad de reformar el sistema de financiación y potenciar la alternativa privada de los fondos y planes de pensiones. También se mostró partidario de privatizar la educación y la sanidad.

Según el director del Servicio de Estudios del IEE, la privatización de los servicios públicos en España debe comenzar con la descentralización de la gestión de los grandes organismos públicos, convirtiéndoles en empresas públicas sujetas a derecho privado.

También se refirióa la reforma de los sistemas de financiación de los grandes servicios públicos, que, a su juicio, debe basarse en que los beneficiarios de los servicios cubran una parte importante de los mismos.

Asimismo, resaltó la necesidad de suavizar los requisitos legales exigidos a las empresas que privadas que quieran ofrecer servicios en el campo de la educación, la sanidad, las telecomunicaciones y los transportes.

Respecto a las empresas públicas, manifestó que en este terreno "hay mucho que privatizar. En su opinión, habría que comenzar privatizando las empresas que cotizan en bolsa, ya que ello sería beneficioso no sólo para la economía española sino para las propias empresas que gozarían de autonomía del poder político para mejorar la eficacia de su gestión.

REDUCIR LAS SUBVENCIONES

El responsable del IEE abogó por el fraccionamiento de las empresas públicas situadas en posiciones monopolísticas, para ser vendidas posteriormente, y por la reducción drástica de las subvenciones estatales y la aunción de deudas de las empresas públicas, aunque ello suponga la liquidación de estas empresas.

Para Montoro, el aumento "imparable" del tamaño de las Administraciones Públicas, cuyo gasto superará en 1992 el 44 por ciento del PIB, "se ha convertido en un factor de inestabilidad para la economía española, además de agravar los serios problemas de gestión de los servicios públicos".

Por ello, aseguró que la privatización del sector público es la única forma de frenar el avance "incontrolado" del ector público y de mejorar la competitividad de la economía española. Criticó la política de privatizaciones llevada a cabo en España desde 1985 y que, a su juicio, "no ha sido más que el sucedáneo de una vacilante política de reconversión industrial".

Por su parte, Adrián Piera, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, que inauguró el seminario, destacó el importante papel que juega la privatización del sector público en la reducción del endeudamiento público.

Según un informe elaborado reientemente por la Cámara, sólo la privatización de las siete empresas públicas españolas más importantes (Telefónica, Repsol, Endesa, Banco Exterior, Tabacalera, Enher y Ence) supondría unos ingresos para el Estado de 1.613.000 millones de pesetas.