A partir de este momento, dichas entidades cuentan con un plazo de 15 días para comprecer en el expediente y, a la vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que entiendan convenientes. Concluido este trámite, se dictará la resolución que corresponda, "sin que en ningún caso la iniciación del expediente administrativo implique que se esté prejuzgando sobre la decisión última", según informó el Gobierno de Canarias.

Si de lo instruido se llega a la conclusión de que las entidades carecen de responsabilidad alguna, se procedería al archivo de los expedientes. En caso ontrario, se impondría la sanción legalmente prevista.

Según el Gobierno canario, en aplicación de la normativa vigente para este tipo de actuaciones administrativas se han adoptado una serie de medidas, como iniciar el procedimiento para el reintegro de los importes abonados. Además, como medida cautelar se ha acordado suspender a los tres centros de su condición de entidad colaboradora del ICFEM en la impartición de cursos de formación profesional ocupacional en cualquiera de sus modalidades, hasta ue se resuelvan los procedimientos incoados.

En el caso del Club de Exportadores, la cantidad que se le requiere devolver es de 6.067.200 pesetas, a Marina Las Palmas se le solicita el reintegro de 6.686.250 pesetas, mientras que en el caso de CEMA, la cantidad a reintegrar asciende a 4.083.075 pesetas.