Según el Gobierno de Aragón, estas condiciones establecen la necesidad de garantizar siempre la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos.

El IAA recordó que los trasvases son una "opción conflictiva e insostenible" desde el punto de vista social, ambiental y económico, como queda demostrado en todos los trasvases que se han ejecutado en diversos países, así como en los informes de los expertos y de la Unión Europea elaborados en anteriores intentos de trasvase del Ebro.

El Instituto del Agua denunció que un mero informe sin valor jurídico, elaborado por una subcomisión de un órgano consultivo, y apoyado por una mayoría no consensuada, "se esté intentando por la Comunidad Valenciana para justificar sus afanes trasvasistas".

También lamentó que "se esté intentando confundir a la Comisión Europea y a toda la ciudadanía con interpretaciones y pretensiones sin ninguna base técnica".

El Instituto Aragonés del Agua subrayó que "nunca los trasvases pueden plantearse como opción para paliar sequías" ni deficiencias hídricas estructurales, causadas por un desarrollo no acompasado con los recursos hídricos disponibles en un territorio, y menos aún ante la evidencia de los efectos del cambio climático.

Por ello, el Gobierno de Aragón, a través del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (Ciama-La Alfranca) y del Instituto Aragonés del Agua, analizará el informe aprobado hoy en el Comité de las Regiones y trasladará a la Unión Europa su posición sobre la gestión del agua, la sequía y el cambio climático, que "justifican la imposibilidad de cualquier trasvase del Ebro".