"Modificaremos las norma que procedan para que la comunicción al fiscal de la concesión del tercer grado por parte de las autoridades penitenciarias sea obligatoria, por si el fiscal estima que la decisión no se ajusta a la legalidad y quiere recurrirlo ante el juez correspondiente", aseguró.

Con esta decisión el Gobierno quiere atajar la polémica desatada en torno al paso al tercer grado penitenciario de varios etarras y de los ex policías José Amedo Y Michel Dominguez, implicados en el `caso Gal'.

La concesión del régmen abierto a estos presos originó las protestas de varios grupos de la oposición que reclamaban mayor control judicial de la progresión de grado.

Rubalcaba, que interrumpió sus vacaciones para comparecer ante la prensa, también se refirió a la polémica surgida sobre la psiblidad de que los terroristas reinsertados paguen las indemnizaciones a las víctimas de ETA con parte de sus sueldos.

"Eso tiene sus cauces legales ya establecidos y a ellos me remito" afirmó el ministro, quién no quiso hacer nnguna valoración personal sobre el tema.

PAGO DE INDEMNIZACIONES

En cuando a la posibilidad de que el Estado se haga cargo del pago de esas indemnizaciones, dijo que se trata de un "tema delicado y enormemente complejo".

A su juicio, "si el Estado acepta admitir algunas obligaciones en este sentido habría que fijar en qué delitos. Los delitos de terrorismo son absolutamente deleznables y la sociedad los rechaza profundamente pero hay otros que también generan alarma social y rechazo profundo enlos ciudadanos".

El ministro destacó la dificultad de dar encaje legal a la elección de delitos en los que el Estado se haría responsable del pago de indemnizaciones porque "el ciudadano afectado siempre diría ¿porque yo no?".

Antes de tomar una decisión al respecto el Gobierno tendrá también que hacer estimaciones sobre "la repercusión financiera de esta medida".