Tras l cierre de los hospitales penitenciarios en los primeros años de esta década, el Ministerio del Interior ha suscrito convenios con el Insalud y los servicios regionales de salud para garantizar la asistencia especializada a los reclusos a través de las Unidades de Acceso Restrigido de los hospitales públicos.

"El desarrollo del Sistemas Nacional de Salud no permitiría mantener un sistema paralelo. Sería costoso e ineficaz. Además, desde el punto de vista económico, tendríamos un problema de doble finnciación, dado que la atención que se presta a la persona privada de libertad ya está presupuestada previamente a través del censo", añadió.

La solicitud de integración formulada por los facultativos de las prisiones es, a su juicio, lícita. "La Ley General de Sanidad contemplaba ya en su día la necesidad de que la Sanidad Penitenciaria formase parte del Sistema Nacional de Salud. No hablaba de fórmulas, aunque instaba a las Administraciones a articular las vías para que se produjera".

A su juici, el proceso de acomodación de las estructuras será lento y progresivo. "Por el momento", agregó, "tratamos de mejorar la coordinación con las Administraciones autonómicas, especialmente en problemas de toxicodependencia, infección por VIH, tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual".

En las 74 cárceles que dependen de Instituciones Penitenciarias (todas las del Estado menos las de Cataluña) trabajan unos 400 médicos y 400 enfermeros. Además cuentan con personal laboral, especialmente auxiliare y técnicos de laboratorio.