La intención de los inspectores era celebrar la reunión en alguna dependencia del Ministerio, pero, ante la negativa de sus responsables, han optado por hacerlo en la calle, según informó a Servimedia el presidente de la Asociación de Profesionales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Moyano.

Los inspectores quieren que el Gobierno asuma el pago de la defensa de su compañero acusado en el conocido como caso del "síndrome Ardytil", que provocó la muerte de seis trabajadores y enfermedades a otros 67 en 1997.

La Audiencia de Alicante condenó el pasado mes de junio a un inspector a seis meses y un día de prisión al atribuirle un delito de imprudencia temeraria. El inspector había visitado la fábrica dos años antes del incidente.

Los inspectores quieren más protección ante la "inseguridad jurídica" en la que les ha dejado esta sentencia, así como mejoras en su situación profesional, en lo referente a la relación de puests de trabajo.