Pese a que este puesto se cubre por el sistema de libre designación, basado en la confianza, los inspectores de Hacienda creen, no obstante, que se han de cumplir tanto los principios generales de eficacia que han de regir la actuación de la administración, como los principios de provisión de puestos de trabajo basados en los méritos y capacidad de los funcionarios.

"Los inspectores de Hacienda consideran imprescindible y necesario que la Dirección del Servicio de Auditoria la ocupe una persona con profundos conocimientos del sistema tributario, del mismo modo que creen que un Inspector de Hacienda no podría tampoco hacerse cargo de un estudio de arquitectura o del servicio de urgencias de un hospital, por su falta de conocimientos sobre dichas materias", señalan en un comunicado difundido hoy.

Según los inspectores, una de las principales funciones del SAI es el control permanente de los servicios de la Agencia Tributaria, además de la prevención y detección de conductas irregulares y el análisis de los sistemas de control interno, así como la emisión de informes previos a la resolución de los expedientes disciplinarios.

A su juicio, estas funciones requieren tener un profundo conocimiento del sistema tributario y, por ello, dicho puesto ha sido desempeñado hasta ahora por un funcionario perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Hacienda; mientras que la nueva responsable del SAI, "independientemente de sus méritos personales", pertenece al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

Por ello, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha transmitido al director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, su preocupación por este nombramiento, ya que supone "una incongruencia que se exija una alta especialización técnica para desarrollar el trabajo de los inspectores y éste sea controlado por un Servicio de Auditoria Interna dirigido por personas que no han acreditado esa especialización técnica tributaria".

Para los inspectores de Hacienda, este nombramiento "puede redundar no sólo en las personas integrantes de los órganos sometidos a control, sino también en perjuicio de los contribuyentes, que son los primeros perjudicados por los fallos de los organismos de control interno de la Agencia Tributaria".