Así se recoge en su documento ‘Propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las Administraciones Tributarias’, publicado este miércoles -con más de 120 propuestas- y presentado por el presidente de la IHE, Julio Ransés Pérez Boga, que indicó la necesidad de dejar en cero la cantidad a poder pagar en efectivo entre empresarios, al advertir que “ahí es donde está el fraude”.

De esta forma, entre sus propuestas en lo relativo a los pagos en efectivo, la IHE recomienda que todos los medios electrónicos de pago deban ser objeto de declaración periódico a la Agencia Tributaria y establecer el derecho de cualquier consumidor a pagar con tarjeta de crédito u otro medio bancario electrónico en un establecimiento en España.

En este mismo ámbito, también propone realizar un intercambio de información de todas aquellas tarjetas de crédito emitidas en el extranjero que ese utilicen en España por encima de un mínimo importe, y la implantación del ‘ticket-BAI’, a semejanza de la hacienda vasca.

OTRAS MEDIDAS

Entre las 123 medidas sugeridas en el documento, el IHE propone reformas en algunos impuestos, como rebajar el día de números resididos en España -actualmente en 183- para que una persona tenga que declarar IRPF en España, ya que, señaló Pérez Bogas, actualmente una persona puede vivir en España 150 días y 60 en Suiza y pagar impuestos en el país helvético, que establece dicho mínimo de 60 días que los Inspectores consideran que sería “suficiente”.

En este sentido, también reclamaron que se utilice la “residencia relativa”, de forma que, al margen del número de días de residencia, el contribuyente tribute en España en caso de que sea el país en el que más días ha residido.

Asimismo, en el IRPF propone la eliminación o “reforma sustancial” del régimen de módulos, la simplificación de obligaciones contables para pequeños contribuyentes y la limitación de deducciones por bienes suntuarios.

En cuanto al IVA, en el que el presidente del IHE indicó que hay un fraude “enorme”, los Inspectores proponen medidas para prevenir devoluciones por cuota soportadas en operaciones sin ingreso del IVA repercutido, ya que, advierten, esta situación “es frecuente”. En concreto, proponen la responsabilidad por la deducción de cuotas de IVA no pagadas a Hacienda por quien repercute dichas cuotas de IVA en supuestos de vinculación entre las partes, o cuando exista connivencia entre los actuantes, así como retener las devoluciones solicitadas mientras no se paguen las cuotas de IVA que se deban en ellos casos de vinculación entre las partes.

También proponen medidas respecto al impuesto sobre hidrocarburos, al considerar que hay un “fraude desmedido” porque “es muy rentable defraudar” en este tributo. Por ello, recomiendan medidas de carácter preventivo, ante la dificultad de regularizar y recuperar cantidades defraudadas por los operadores fraudulentos.

Entre las medidas, abogan por mejorar la coordinación entre la Agencia Tributaria y los organismos reguladores del sector de la energía; la tributación mensual en el IVA de los extractores de depósitos fiscales; la eliminación de la posibilidad de que los distribuidores al por menor de productos petrolíferos puedan suministrar a otros distribuidores al por menor; o la exigencia de garantía para obtener la confición de operador petrolífero.

Sobre el censo de morosos, que el IHE considera “que funciona bien”, abogan por bajar la cifra a partir de la cual un contribuyente aparece en la lista de los actuales 600.000 euros a 300.000 euros, además de incluir el nombre del administrador de una empresa.

REY EMÉRITO Y GRANDES COTRIBUYENTES

Por otra parte, Pérez Boga se refirió al caso de la situación fiscal del rey emérito, Juan Carlos I, -archivado recientemente por la Fiscalía- sobre el que apuntó que la idea que ha quedado en la sociedad es “que Hacienda no ha hecho nada”. Sin embargo, aseguró que “claro que ha hecho”, ya que, siguiendo la legislación, colaboró con la Fiscalía, y que, una vez ya archivado, la Inspección de Hacienda habrá comprobado si existe algún “fleco” pendiente para su regularización.

“No podíamos hacer otra cosa”, aseguró Pérez Boga, que, por ello, reclamó que los Inspectores de Hacienda puedan comprobar delitos porque “la sociedad quiere que Hacienda investigue”, en lugar de trasladar los casos a la Fiscalía en cuanto existe “el menor indicio” de delito.

De esta forma, el documento presentado por el IHE propone nuevas facultades, como poder actuar sin conocimiento del obligado tributario. En esta línea, los Inspectores también abogan por la creación de una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) en la que también se cuente con fiscales.

Además, aboga por poder pagar a confidentes por la denuncia de delitos, así como la introducción de un procedimiento especial de comprobación de grandes contribuyentes, y la creación de un Registro de Contribuyentes en Situaciones Especiales, entre otras.

Por otro lado, el documento también sugiere que no se pueda suspender una pena de presión en delitos fiscales si no se produce un resarcimiento de las cantidades defraudadas; publicitar desde la Agencia Tributaria las sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública; crear juzgados especializados en delitos económicos y unidades especializadas de la Agencia Tributaria para localizar y administrar bienes procedentes de la delincuencia económica; y la ampliación de la lista internacional de paraísos fiscales, entre otras.