Por ello, han remitido al secretario de Estado de Hacienda una carta instándole a adoptar soluciones urgentes que eviten "el grave perjuicio económico que esta situación causa a la Hacienda Pública". Además, trasladarán verbalmente sus quejas y peticiones a Miguel Angel Fernández Ordóñez en una reunión prevista para el próximo lunes, día 25.

Según los inspectores de Hacienda, los tribunales económico administrativos desarrollan una gran labor, adaptándose en su organización a la importante carga de trabajo que hoy en día existe en los mismos, "y todo ello a pesar de la precariedad de medios materiales y de la falta de personal altamente especializado en el Derecho Financiero y Tributario".

Los inspectores, que consideran que "la dramática situación que presentan actualmente los tribunales no admite demoras", creen que, debido a esta fuerte especialización del personal, los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado son "absolutamente imprescindibles".

Según sus cifras, existe un atasco en los citados tribunales de más de 200.000 expedientes sin resolver; situación que se agrava, además, no sólo por la nueva carga de trabajo que supone la nueva Ley General Tributaria, sino también por la escasa afluencia de nuevos funcionarios especializados en la materia tributaria que sustituyan a los que abandonan los tribunales.

Los inspectores recuerdan que la nueva Ley General Tributaria exige que las reclamaciones económico administrativas se resuelvan en el plazo de un año, transcurrido el cual dejarán de devengar intereses de demora a favor de la Administración las deudas tributarias reclamadas, con el consiguiente perjuicio para la misma y con el riesgo de prescripción de deudas tributarias por la falta de personal suficiente.

Aseguran que en el momento actual en algunos tribunales, y especialmente en las vocalías de los principales tributos directos e indirectos, se están resolvieron todavía expedientes del año 2001, lo que produce un evidente riesgo de prescripción, así como un grave daño al contribuyente por la tardanza en la resolución de sus expedientes.

Para los inspectores de Hacienda, esta situación no se verá aliviada por el procedimiento abreviado ante los órganos unipersonales prevista en la nueva Ley General Tributaria, ya que, además de que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de julio, servirán para las reclamaciones interpuestas a partir de esa fecha y no para las que hay pendientes.

Además, los inspectores aluden a la gran cuantía de la deuda tributaria suspendida en los tribunales, con los consiguientes efectos negativos de cara a la recaudación tributaria.