LOS INSPECTORES DE EDUCACIÓN ANUNCIAN MOVILIZACIONES CONTRA EL DECRETO DE ESPECIALIDADES DEL CUERPO
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La Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE) anunció hoy la convocatoria de movilizaciones y un recurso anteel Tribunal Supremo contra el real decreto que ha aprobado el Gobierno sobre las especialidades básicas de este cuerpo.
El presidente de ADIDE, Javier Teixeira, explicó estas iniciativas en una rueda de prensa acompañado de responsables de Enseñanza de los sindicatos CCOO, UGT y STEs, que respaldan las protestas.
ADIDE, que agrupa a 1.067 de los 1.600 inspectores de educación que hay en toda España, se opone a que la adscripción a especialidades sea por áreas curriculares análogas a las materias ue se hayan impartido previamente en la docencia, sin tener además en cuenta aspectos como la experiencia o la formación.
Según Teixeira, este decreto 1538/2003 desarrollador de la Ley de Calidad supone el regreso a un modelo de inspección basado "en la persecución del profesorado, con un control muy fuerte de las actividades del docente, en lugar de preocuparse por el análisis de la gestión de los recursos o de la situación del alumnado inmigrante".
La asociación ha presentado un recurso contencoso administrativo contra el decreto ante el Tribunal Supremo y el próximo sábado organizará una concentración ante el Ministerio de Educación a la que asistirán delegados de toda España.
También piensa pedir la paralización de la aplicación del decreto en las mesas sectoriales de las comunidades autónomas, dado que el 6 de mayo deben estar realizadas todas las adscripciones de especialidades.
Fernando Lezcano, secretario general de Enseñanza de CCOO, dijo que el decreto representa, como la LOCE,"una vuelta atrás, hacia posiciones muy rancias" en el sistema de inspección educativa, que debe ser más generalista y sin tantos corsés como busca el Gobierno.
Jesús Ramón Copa, de UGT, recordó que su central también ha presentado otro recurso ante el Supremo por razones parecidas a las de ADIDE. Como esta asociación, UGT cree también que la regulación supone una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas, a las que se les crea un "serio problema organizativo de plantillas", y por eo se han llevado "las manos a la cabeza" al leer el contenido, "incluidas las del PP".
(SERVIMEDIA)
02 Mar 2004
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