La Inspección visitó la empresa -una lavandería industrial- en el mes de mayo de forma rutinaria y no detectó anomalías, y posteriormente en julio, después de las denuncias, y tampoco encontró nada anormal.

Mientras, la secretaria de Política Social de UGT-Madrid, Isabel Navarro, aseguró hoy en rueda de prensa que los trbajadores de Artesa "son amenazados y castigados con maltrato psíquico".

Los padres de los denunciantes respaldaron esta teoría y aseguraron que los malos tratos consistieron en alteraciones en las jornadas laborales y en las libranzas, sin justificación, negación de permisos para acudir a consultas médicas y maltrato verbal y psíquico, que, en algunas ocasiones, llegó a que los responsables de la empresa calificaran de "subnormales" a algunos de los trabajadores.

Por todo ello, UGT pedirá a la Cmunidad de Madrid, de la que depende la gestión de los Centros Especiales de Empleo, que cree una comisión de seguimiento, en la que estén representadas todas las partes implicadas, para controlar el buen funcionamiento de este tipo de empresas.

Mientras, el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) defendió hoy en un comunicado la labor de los Centros Especiales de Empleo como "el único instrumento realmente operativo en España a la hora de integrar laboral y socialmente a las personascon discapacidad", y recordó a UGT que "falsas acusaciones" como las realizadas estos días contra Artesa "dañan la imagen" de este modelo de inserción laboral.

Los Centros Especiales de Empleo son mecanismos de inserción apoyados por la UE y por las diferentes administraciones españolas. Están promovidos y sustentados por asociaciones de padres con hijos discapacitados, asociaciones representativas de diferentes minusvalías, grandes empresas, cajas de ahorro, etc. En toda España existen más de 600 cenros de este tipo, que dan trabajo a cerca de 30.000 discapacitados.