De esa cantidad, las multas por infracciones en prevención de seguridad laboral alcanzaron los 1.129 millones y otros 4.600 millones correspondieron a sanciones por incumplir el orden social y laboral.

Asimismo, la Inspección de Trabajo promovió con sus actuacioes el alta de oficio de 16.625 trabajadores a la Seguridad Social, y liquidaciones no pagadas por valor de 23.452 millones de pesetas, que afectaron a los derechos de 137.183 empleados.

Estos datos fueron facilitados durante una jornada de programación de la lucha antifraude, celebrada entre los jefes de las Inspecciones Provincicales de Trabajo y Seguridad Social. En dicha jornada, se anunció la puesta en marcha de nuevas unidades especilizadas contra el fraude.

Estas se encargarán también de cotrolar cómo se utilizan las subvenciones comunitarias de fomento del empleo y de la percepeción indebida de prestaciones por desempleo, es decir, la persecución de los fraudes sociales.