Los hechos que han ddo lugar a la sentencia se remontan a 1993, cuando los médicos recomendaron una ligadura de trompas de Falopio a Rosario Perea Rodríguez, que entonces tenía 36 años y acababa de ser madre por tercera vez.

Tras ser anestesiada, la mujer sufrió un shock que obligó a suspender la operación y llevó a los médicos del Hopistal de El Tomillar (Alcalá de Guadaira), donde había ingresado, a trasladarla, media hora después, al centro sanitario Valme (Sevilla) donde falleció.

Para el Supremo, el Insalud deb acreditar que actuó diligentemente al atender a la paciente, extremo que, a juicio del Alto Tribunal, no queda probado.

En este sentido, explica que de los datos de que se disponen "no se deduce que se practicara algún tipo de prueba preoperatoria" que permitiera prever la reacción de la fallecida paciente a la anestesia que se le suministró.

DEBER DE INFORMAR

Asimismo, el Supremo hace hincapié en que "el correspondiente Servicio de Salud debería, como mínimo, haber informado específica y detaladamente del riesgo" a la mujer, cosa que no ocurrió.

Para el Alto Tribunal, la muerte de la mujer no derivó de algo "absolutamente ajeno y exterior" al Servicio Andaluz de Salud, que tenía la posiblidad de no llevar a cabo una operación que "no era vital para la paciente" y buscar otras alternativas médicas. "Si existen medios idóneos y racionales para disminuir, al menos, las posibilidades de tal riesgo (de muerte) deberían utilizarse", afirma el Supremo.

El Supremo rechaza que la muerte de lamujer debido a la anestesia sea un simple caso "foruito" y sostiene que, "en el momento actual de la ciencia médica, la conciencia social exige que no quede al mero azar la posiblidad de que de la aplicación de la anestesia en una intervención quirúrgica pueda derivar la muerte del paciente".