Según el fallo, el 25 de diciembre de 1992, Juan G.S., de 64 años de edad, acudió a las doce de la noche al servicio de urgencia del Hospital Nuestra Señora del Pino por un golpe en la rodilla producido cinco días antes. El médico dijo que no era un caso urgente y que tenía que acudir a la asistencia primaria, donde confirmaron que se trataba de una contusión en la rodila "sin signo de afectación ósea".

Tres días más tarde, Juan G.S. fue internado de urgencia de nuevo en el Hospital del Pino, donde le apreciaron una interrupción de la circulación sanguínea "con impotencia funcional y alta tibial". De inmediato entró en quirófano, donde le amputaron la pierna para evitar que se extendiese la gangrena.

La sentencia afirma que se produjo "un mal funcionamiento de un servicio público del que se desprendieron un resultado dañoso, a causa de la actuación de la Adminitración y por un nexo causal".

Se estima que la revisión médica efectuada en primer lugar fue "somera y superficial" ya que sólo le apreciaron una contusión y le recetaron una pomada "sin hacerle ninguna prueba más sobre posibles lesiones internas".