Los cirujanos se oponen a realizar más intervenciones si antes no se establece la obligatoriedad de que el paciente sea sometido a pruebas alérgicas previas a la anestesia antes de la operación.

Una sentencia de un juzgado palmesano condenó a un anestesista, a un cirujano y a la empresa aseguradora de ambos a indemnizar con 170 millones de pesetas a una paciente intervenida quirúrgicamente y a la que se anestesió sin conocer con antelación que era alérgica a los medicamentos recbidos.

La directora general del Insalud, Mari Carmen Martínez, anunció hoy en Palma de Mallorca la convocatoria de una reunión entre las asociaciones españolas de Anestesia y Alergia, el Ministerio de Sanidad y el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la "indefensión jurídica a la que se enfrenta el colectivo de médicos cirujanos", dijo.

La mayoría de los cirujanos del Hospital General del Insalud "Son Dureta" y del Hospital General del Consell Insular de Mallorca han decidido suspende parcialmente las intervenciones quirúrgicas desde el miércoles, salvo las urgentes y las de oncología.

Esto ha provocado una reducción del 50 por ciento en las intervenciones que hasta mediados de esta semana se practicaban en ambos centros sanitarios. Mientras en "Son Dureta" se realizan entre 30 y 40 operaciones quirúrgicas diarias, en el Hospital General la cifra es de 10.

La polémica se ha originado a raíz del caso de Isabel Caldentey, de 45 años, a la que el 30 de julio de 1991 se le realiz una operacion de extracción de un quiste en su mandíbula. El anestesista le suministró pentotal y succinilcolina, entre otros fármacos.

Al desconocerse que era alérgica a estas sustancias, su estado de salud evolucionó a peor, quedando finalmente en estado de paraplejia absoluta, imposibilitada para hablar y moverse.