La operación fue llevada a cabo conjuntamente por los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Economía y Hacienda y fue coordinada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

Según todos los indicios disponibles hasta este momento, esta partida de pez espada habría sido pescada ilegalmente contraviniendo la legislación europea y española, así como las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántica.

Estas normas establecen, entre otras disposiciones, la obligatoriedad de que las capturas de esta especie vayan acompañadas de un documento estadístico oficial que certifique su legalidad.

La mercancía se descargó en diez contenedores en el puerto de Alicante y fue declarada en Aduanas como "marrajo". Tras la inspección efectuada a dos de los contenedores por los inspectores de pesca, se comprobó que el contenido de la carga no concordaba con lo declarado y que, tras una pequeña cantidad de "marrajo", se ocultaba pez espada, unos 18.000 kilos de capturas ilegales por cada contenedor.

Por tanto, se han detectado hasta el momento unas 40 toneladas de capturas ilegales, que podrían alcanzar las 180 toneladas en el total de la carga.

Se está a la espera de concluir la operación conjunta y proceder a la inspección de toda la partida o su destino final y proceder, en su caso, a la incautación para, asimismo, determinar qué tipo de diligencias se adoptan de orden sancionador por la vía administrativa por parte de los tres ministerios, o bien remitir el expediente a la autoridad judicial.