En declaraciones a Servimedia, fuentes de la empresa propiedad de la familia Reyzábal, algunos desprendimientos de materiales provenientes del inmueble siniestrado son consecuencia lógica del trabajo de los operarios en las labores de desmontaje, como ocurre "en cualquier obra".

En este sentido, fuentes de la inmobiliaria añadieron que tienen constancia que el Ayuntamiento, con el plan de demolición que está llevando a cabo, "garantiza la protección ciudadana" manteniendo todos los puntos de seguridad. Tiene "todo muy atado" para que no haya peligro de desprendimientos.

Asimismo, Víctor Sandoval, presidente de la asociación de comerciantes afectados por el incendio, informó a Servimedia, que "no tiene noticia", ni "ninguna queja" por parte de ninguno de los comercios que "están justo al lado" del edificio.

Añadió que "cuando están demoliendo", es lógico que algún cascote caiga, pero que no hay problema alguno al haber "un perímetro suficiente de seguridad" establecido por el ayuntamiento.

Por otra parte, la instrucción penal del caso está prevista que empiece la semana que vienen, según estas fuentes, en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.

El juez encargado del mismo, Mariano Ascandoni, contará con nueve funcionarios que han prolongaran su jornada laboraldesde el pasado 1 de abril para poder así agilizar la tramitación del caso y la toma de declaraciones por las tardes.