INMIGRANTES. EL SUP DICE QUE HAY PRUEBAS OBJETIVAS DEL USO DE SEDANTES DURANTE LA OPERACION DE EXPULSION DE CENTROAFRICANOS
- El sindicato de la Policía interpuso hoy una denuncia contra el Ministerio del Interior por un presunto deito de imprudencia grave con resultado de lesiones
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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) interpuso hoy una denuncia por la vía penal en el juzgado de guardia de Madrid contra el Ministerio del Interior por un presunto delito de imprudencia grave con resultado de lesiones, por el supuesto suministro de drogas calmantes a los 103 centroafricanos, inmigrantes ilegales, que fueron expulsados de España el pasado mes de junio, sin previo conocimiento de los funcionarios oliciales que les custodiaron.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Servimedia, se señala que "objetivamente se puede probar la existencia de la droga Alhoperidol en las botellas de agua que abastecieron a los extranjeros trasladados".
Tres funcionarios policiales requirieron de asistencia médica al ingerir accidentalmente el contenido de una de las botellas. Este hecho, junto a la "inexistencia de vacunación" en los funcionarios encargados de dicho traslado, demuestra según el SUP, la existncia de una "imprudencia grave" por parte de Interior, "que incumplió la normativa vigente al respecto sobre traslados de extranjeros".
A juicio del SUP, los responsables de Interior que ordenaron la operación de expulsión "ignoraron tomar las precauciones básicas en estos casos para evitar posibles contagios e infecciones, exponiendo de esta forma la vida de los funcionarios policiales que cumplían con su trabajo".
En su denuncia, el sindicato hace especial hincapié en la situación del funcionaro policial Juan Enrique del Moral Segovia cuyo estado, según información recabada por el SUP en el hospital granadino que le atiende, es de "extrema gravedad". Del Moral contrajo una enfermedad contagiosa, probablemente paludismo, durante el traslado de inmigrantes al continente africano.
El SUP insta al juez a que entre sus diligencias llame a declarar a los posibles responsables de las irregularidades y hechos que denuncia, sin renunciar a solicitar las pertinentes indemnizaciones por responsabilida civil del Ministerio del Interior para satisfacer el daño aún no cuantificado causado a los funcionarios policiales afectados.
(SERVIMEDIA)
22 Jul 1996
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