El ministerio que dirge Rodrigo Rato teme que la ampliación de la cobertura sanitaria, el reconocimiento a la educación y la equiparación total en cuestiones de contratación para los inmigrantes ilegales pueda tener un coste que difícilmente podría ser encajado en el actual diseño presupuestario.

Este temor ha sido trasladado por Economía al Partido Popular, que podría ahora paralizar la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería, que ya contaba con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para su aprobación n la presente legislatura.

Cisneros aseguró que, además de Economía, los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior han puesto también inconvenientes al actual texto, aunque la oposición mayor procede de Rodrigo Rato.

Economía exige que se cuantifique con claridad el número de inmigrantes a los que podría afectar la nueva normativa y teme que, si bien en un principio parece que serían unos 25.000, finalmente esta cifra se duplique o triplique, lo que afectaría gravemente al modelo presupuestari.

"REPASAR" EL BORRADOR

Por todo ello, Gabriel Cisneros, que es además el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados -en la que se discute este borrador-, insistió en que, con las dudas planteadas por varios ministerios, lo más normal es que "se dé un pequeño repaso" al borrador para buscar el acuerdo definitivo de todas la fuerzas políticas.

Además, recordó que no existe el consenso completo sobre el borrador, por lo que rechazó la posibilidad de reunir a la Comisió para discutir sobre nuevos asuntos. "Antes debe haber acuerdo sobre la ponencia", dijo.

Cisneros constestaba así a la carta que recibió hoy por parte del grupo parlamentario de CiU, que solicita la convocatoria urgente de la Comisión Constitucional para debatir la reforma de la ley de extranjería y conseguir que sea aprobada en la actual legislatura.