Prada, que explicó en rueda de prensa la actuación del Gobierno regional en esta materia, precisó que los procesos de asistencia jurídica gratuita en los casos de violencia doméstica tienen "preferencia absoluta en su tramitación" y recordó que los trabajadores por cuenta ajena tienen reconocido este servicio en cualquier caso, con independencia de su capacidad económica.

El balance que presentó el consejero madrileño corresponde al ejercicio 2005, donde se llevaron a cabo más de 262.000 actuaciones en justicia gratuita. En concreto, se realizaron un total de 136.329 actuaciones en turno de oficio y 29.125 de asistencia letrada al detenido, al tiempo que se tramitaron 96.561 solicitudes de asistencia jurídica gratuita.

Prada añadió que el mayor número de expedientes tramitados se refería al ámbito penal, orden en el que se han estimado un 93,8% del total de solicitudes, continuando con la tendencia ascendente que se inicia en el año 2004 (89,7%) y cambiando la tendencia descendente observada en los años 2003 (77,5%), 2002 (80,4%) y 2001 (85%).

Respecto a los extranjeros solicitantes del derecho de asistencia jurídica gratuita, el porcentaje oscila entre el 93,8% del orden penal y el 100% del social. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el 92,3% de los solicitantes son extranjeros y sus peticiones hacen referencia a asuntos como la denegación de entrada, devolución o expulsión de estos ciudadanos del territorio español y el procedimiento de asilo.

El vicepresidente destacó como principales causas alegadas por los ciudadanos las relacionadas con obligaciones económicas como hipotecas, préstamos, alquiler de vivienda, desahucios, embargos, etcétera, que suponen un 34% del total.

Un 28,9% se refiere a circunstancias familiares (familia numerosa, hijos, abono de alimentos), un 3,8% a temas relacionados con la salud como pensiones, incapacidades o minusvalías, un 1,5% a circunstancias laborales (desempleo, trabajo temporal) y un 4,5% a situaciones como el colegio de los hijos, obras, etcétera).

Por otro lado, en el ejercicio 2005, la Comunidad de Madrid invirtió más de 34 millones de euros en financiar la justicia gratuita a 86.621 personas. Además, el Gobierno regional destinó casi 13 millones de euros para abonar a los colegios de abogados y procuradores de la Comunidad de Madrid la prestación de justicia gratuita.

Esto supone que el Ejecutivo regional aumentó dicha inversión en un 61,7% en justicia gratuita, ya que ha pasado de los 21 millones de euros que destinó a este concepto en 2004 a los más de 34 millones que pagó durante 2005.