En esta modificación de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, la coalición propone una serie de casos en los que se concedería la residencia sin límite de tiempo.

Estos serían, por ejemplo, los trabajadores extranjeos que hayan llegado a la edad prevista por la legislación española para su jubilación, o los que hayan dejado su actividad laboral como consecuencia de una incapacidad permanente.

También se concedería a los indocumentados o apátridas que acrediten haber residido de forma legal en España durante seis años y a los reconocidos como refugiados. En estos casos, se otorgaría también a sus cónyuges y a sus hijos menores de edad o incapacitados.

IU propone modificar las nacionalidades cuyos titulares tenen preferencia a la hora de solicitar un permiso de trabajo, de forma que se suprimiría de esta condición a los portugueses y andorranos y se introduciría a los marroquíes y a los procedentes de las ex colonias españolas del norte de Africa, que se sumarían así a los iberoamericanos, filipinos, ecuatoguineanos y sefardíes.

Los extranjeros que residieran de forma permanente en España podrían acceder a la oferta pública de empleo de personal al servicio de la Administración pública, funcionario o laboal, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad.

ESTUDIANTES

Según esta proposición, los estudiantes extranjeros mantendrían su condición de tales, aunque realizaran actividades de formación remuneradas o laborales a tiempo parcial, siempre que éstas no superaran el 40 por ciento de la jornada máxima laboral.

En el capítulo de infracciones y sanciones, IU plantea que no tengan la consideración de infracción "las conductas cuyo objetivo sea la defensa de los derechos humanos en elpaís de origen".

El texto establece el reconocimiento del derecho de todos los extranjeros a la educación, asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, sin especificar que deban estar para ello en situación legal.

En la exposición de motivos de la proposición, la coalición destaca la "contradicción" existente entre el articulado de esta ley, aprobada en 1985, y los principios programáticos de su preámbulo, en el que se aseguraba la "plenitud de los derechos y las garantías paa su ejercicio" de los extranjeros residentes en España.

En otra iniciativa, IU propone que los extranjeros puedan ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales si acreditan tres años de residencia, y también el pasivo en el caso de llevar seis años viviendo en España o de ser titulares de un permiso permanente.