El Ejecutivo autónomo extenderá próximamente esta iniciativa a Gran Canaria y Lanzarote, por ser estas dos islas, junto a Fuerteventura, las que reciben una mayor número de inmigrantes que no tiene regularizada su situación en España.

El plan está dotado con un total de 60 millones, de los que el Gobierno regional aporta 40 y el resto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Concretamente, en la isla de Fuerteventura parte de esa cantidad se empleará en la creación de una asesoría jurídica y de un centro de acogida.

El director general de Servicios Sociales, Marcial Morales, ha afirmado que este programa supondrá una mejora importante en la calidad de atención a los inmigrantes que llean a la isla, ya que se pretende mejorar su situación sanitaria, cultural y social.

Esta iniciativa se enmarca en las medidas contempladas en el Plan de Integración Social de Lucha contra la Pobreza y Exclusión en Canarias.