En un comunicado hecho público hoy, la federación afirma que con esta acción se vulnera tanto la Declaración de Derechos Humanos, como los Derechos de la Infancia reconocidos por la ONU, reconocidos por la Unión Europea y España.

La FADSP acusa al PP de preocuparse más pr la rentabilidad económica de los servicios que gestiona que por las necesidades de salud de la población.

"Mucho nos tenemos que este tipo de situaciones", añade la nota, "de persistir la política sanitaria del Gobierno, van a aumentar y no sólo van a afectar a inmigrantes ilegales, sino a ciudadanos españoles con problemas de salud considerados no rentables por las autoridades sanitarias".