José Sánchez indicó que las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación parecen indicar que este tipo de actuaciones pueden producirse con una cierta frencuencia, por lo que calificó de "preocupante" la situación.

El prelado señaló que el Estado está en la obligacion de regular la circulación de personas en su territorio, pero rcordó que todo inmigrante, al margen de su condición legal, goza de unos derechos inalienables, al igual que el resto de ciudadanos.

"Sin embargo", se lamentó el secretario general de la Conferencia Episcopal, "este principio fundamental está poco considerado y con demasiada frencuencia se antepone a otros factores la condición de ilegal o de clandestino de la persona".

El obispo manifestó que en los últimos casos de inmigrantes deportados da la impresión de que "a algún funcionario se le ha ido a mano".