López Garrido, que presentó hoy ante la Fiscalía General del Estado un escrito firmado por él mismo y por otros dirigentes del PDNI, en el que piden que se investiguen los hechos, aseguró que los citados cincuenta inmigrantes fueron encarcelados nada más llegar a Guinea-Bissau.

Según el líder del PDNI esta información les ha sido facilitada por la Liga de Derechos Humanos, institución que ha dado cuenta de estos datosa la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de la que el propio López Garrido es vicepresidente.

En el escrito presentado hoy ante la Fiscalía General del Estado, firmado por López Garrido, Cristina Almeida, Juan Berga, Ricardo Peralta y Jaime Sartorius, se acusa al Ministerio del Interior de haber cometido varios delitos en la expulsión de los 103 inmigrantes los pasados días 25 y 26 de junio.

Para los firmantes del escrito, la expulsión o devolución de los citados inmmigrantes, que residían iegalmente en Melilla, fue hecha incumpliendo la Ley de Extranjería y la Ley del Derecho de Asilo.

En concreto, los miembros del PDNI aseguran que el Gobierno español sabía, antes de expulsar a los inmigrantes, que 35 de ellos habían solicitado asilo en España. Este extremo, según López Garrido, supone que el Gobierno impidió a estas personas poder ejercer los derechos de asilo, petición y asistencia de entrada "a sabiendas de su injusticia", lo que constituiría un delito de prevaricación.

Asimism, el escrito sugiere que la administración de droga a los inmigrantes durante su traslado, tal y como ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), constituye un delito de coacción, recogido en el artículo 172.2 del Código Penal.

Por todos estos motivos, López Garrido considera que la Fiscalía General del Estado debe investigar los hechos y, en su caso, ejercer las acciones penales contra los responsables de las expulsiones.

El líder del PDNI criticó también las declaraciones efectuadas or el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien afirmó que con los 103 inmigrantes había un problema y este se ha solucionado, y opinó que esta afirmación es "una forma intolerable y autoritaria de tratar estas cuestiones".

Para López Garrido, las autoridades españolas no cumplen con la Ley de Extranjería en el trato a los inmigrantes, y está expulsando a estas personas sin tener en cuenta sus solicitudes de asilo.

Por último, dijo que el Gobierno debe comparecer en el Parlamento para aclaar lo sucedido y realizar una investigación interna exhaustiva sobre los hechos.