Este es el resultado de una estimación realizada por la doctora en Ciencias Económicas y profesora de la Universidad de Alcalá Concha Carrasco Carpio, en un estudio titulado "Impacto social y económico de la inmigración", que publica "Documentación Laboral", una revista de la Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales (ACARL).

El estudio cifra en 206.673 millones de pesetas (1.242 millones de euros) las partidas de gastos presupuestaris de los que se beneficiaron los inmigrantes en el año 2000 y estima en 472.847 millones de pesetas (2.841 millones de euros) los ingresos que generaron para las arcas públicas.

De estos ingresos, más del 80% procedieron de cotizaciones abonadas a la Seguridad Social, y el resto correspondió a los pagos por IRPF, Patrimonio, Impuestos Especiales, IVA e Impuesto de Actividades Económicas, estimados en función de la población inmigrante censada y datos de la Seguridad Social y la Encuesta de Población Ativa (EPA).

La EPA revela, por ejemplo, según destaca el estudio, que la tasa de actividad de la población extranjera, en especial la de origen no comunitario, es 20 puntos más elevada que la media española, lo que demuestra que "un contingente muy elevado de los extranjeros tienen como objetivo su incorporación al mercado de trabajo español".

Por lo que se refiere al gasto presupuestario causado por los inmigrantes por las prestaciones y servicios públicos, el 83% corresponde a la educación y laatención sanitaria recibida.

El resto corresponde a prestaciones de desempleo, los programas de acción a favor de los inmigrantes y el desembolso realizado con cargo al erario público para mantener a la población reclusa extranjera. Esto último ascendió en el 2000 a casi 18.000 millones de pesetas, cantidad resultante de multiplicar 8.990, la cifra de reclusos inmigrantes, por los dos millones que cuesta mantener a cada preso un año.

La autora de este trabajo utilizó en sus cálculos la misma metoología ya aplicada en un estudio anterior del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, que calculó la diferencia entre lo aportado y lo recibido por los inmigrantes del erario público en el trienio 1996-1998. El resultado fue que aportaron más de lo que recibieron por 142.591 millones de pesetas en 1996, por 152.117 millones en 1997 y por 187.062 millones en 1998.

IDEAS CONTRADICTORIAS

En sus comentarios a todos estos datos, Concha Carrasco señala que "pareceque el sentir general camina en dos direcciones contradictorias por un lado, en su dimensión económica se comienza a valorar positivamente determinadas incorporaciones al mercado de trabajo (los extranjeros son necesarios para cubrir puestos de trabajo rechazados por los españoles) y, sin embargo, en su dimensión social, y más concretamente en el ámbito de las prestaciones, cada vez se valora más negativamente la presencia de la población extranjera, en particular la calificada como irregular".

A su jicio, "las actitudes de los ciudadanos españoles pueden suponer restricciones o empujes a la integración cívica de los extranjeros. En este campo, hoy por hoy, hay que ser pesimista, ya que son muchos los estereotipos vigentes en nuestra sociedad".