Esta iniciativa contó con el apoyo del PSOE, mientras que el PP pospuso su posición al respecto al considerar "precipitado" hacerlo en estos momentos.

Los tres grupos coincidieron en señalar que las condiciones sociolaborales de un paciente no deben tenerse en cuenta a la hora de un traslante y señalaron que esta decisión no es competencia de la dirección de un centro sanitario sino de la Comisión Nacional de Trasplantes.

Sanz afirmó que la decisión del Ramón y Cajal es "brutalmente discriminatoria y de corte fascista", y pidió que se aclare si se trata o no un caso aislado.

Jaime Lissavetzky, portavoz del PSOE, señaló que "a cualquiera se le ponen los pelos de punta ante un caso como éste, más propio de una serie de televisión".

El portavoz del PP, Pedro Calvo, dijo que es"esperpéntico" que un trasplante pueda ser condicionado a la situación sociolaboral de un enfermo y que espera que "todo haya sido un malentendido por unas declaraciones poco afortunadas del responsable del Ramón y Cajal".