El informe recoge un aumento de las denuncias recogidas en las Oficinas de Información y Denuncia de la organización por agresiones e intimidaciones por parte de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad privada, que incluyen a los porteros de los locales de ocio.

Según subrayó Nuria Vives, portavoz de la asociación, en Madrid las denuncias por este tipo de agresiones han pasado de 9 a 14, mentras que en Barcelona han aumentado de 18 a 35 en el año 2002. La mayoría de estas denuncias se refieren a una detención discriminatoria, seguida de intimidaciones e insultos que en ocasiones culminan con agresiones físicas que pueden causar incluso la muerte.

Las causas del aumento de estas agresiones, según SOS Racismo, están en la sensación de impunidad con la que actúan, debido a la constante asociación de inmigración e inseguridad que se transmite por parte de los poderes públicos. "No hay sufiientes condenas y la impunidad viene dada por la propia situación irregular de los inmigrantes, lo que hace difícil que denuncien", explicó.

Sobre esta asociación de inseguridad e inmigración, la portavoz de SOS Racismo precisó que los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior sobre delitos de inmigrantes no dan una imagen del todo cierta sobre la delincuencia.

Según explicó, en las estadísticas aparecen como delitos las detenciones de personas por temas administrativos, es decir, por no tene papeles, "lo cual no es un delito", recalcó. Además, adujo la existencia de presiones policiales y órdenes discriminatorias para que se preste especial vigilancia sobre el colectivo de inmigrantes. No obtante, sí reconoció la existencia de una relación "relativa" entre marginación social y pequeña delincuencia.

SOS Racismo también advierte de una consolidación del racismo en la estructura social. "Cada vez vemos como la expresión del racismo es más abierta tanto por parte de los ciudadanos como de lo políticos y esto es debido, en gran parte, a la imagen peyorativa que se transmite de los inmigrantes, lo que hace que la gente se sienta más legitimada para excluirles", recalcó Vives.

CONSOLIDACION DEL RACISMO

Para la organización, este año ha sido el de la consolidación de los efectos de la Ley de Extranjería. "Todo el tejido social se impregna y aparece el aumento de los malos tratos y del racismo social", concluyó.

Además de las denuncias por agresiones, el informe recoge otro tipo de denncias referidas a la negación de acceso a la vivienda, tanto por parte de particulares como por las inmobiliarias; y a los locales de ocio, enmascarado bajo el derecho de admisión.

También se incluyen denuncias laborales, sobre todo por parte de inmigrantes en situación irregular que no pueden reclamar ante contratos verbales. Otro tipo de denuncias se refieren a situaciones de discriminación que se producen a nivel vecinal, en centros escolares o a la hora de acceder a servicios públicos. En toda Espña, SOS Racismo ha recibido un 60% más de denuncias.

Ante esta situación de discriminación y abusos, SOS Racismo lanza una serie de propuestas que encabeza con el derecho al voto por parte de los inmigrantes empadronados. Según señala, en la actualidad 1.300.000 inmigrantes están empadronados en España y no podrán ejercer su derecho a voto el próximo 25 de mayo, a diferencia de los extranjeros comunitarios.

En este sentido, SOS Racismo reclama la modificación del articulo 13.2 de la Constitución ara que los extranjeros no comunitarios empadronados puedan ejercer dicho derecho en las mismas condiciones que los comunitarios.

En la actualidad, los comunitarios que llevan dos años en España pueden votar en las elecciones municipales. SOS Racismo pide que este derecho se amplíe a todos los inmigrantes empadronados.

Otras de las propuestas de la organización se refieren a la reapertura del régimen general que incluya la posibilidad de solicitar permisos de trabajo y residencia estando en el pas; la reapertura de mecanismos permanentes de regularización accesibles a cualquier persona que esté viviendo y trabajando en España, o la desvinculación de la política migratoria del Ministerio del Interior a Presidencia o al de Trabajo y Asuntos Sociales.