En una nota de prensa, UGT aseguró que "la ausencia de una política coherente, de una intención real de regular adecuadamente la inmigración y de facilitar la integración de los inmigrantes en este país, es la conclusión más clara que podemos extraer de lo sucedido en el año 2001".

Además, la central sindical destacó que "el último ejemplo de este modo de hacer política" es el apoyo que el secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, ha mostrado a la iiciativa de la Junta de Seguridad Local de Melilla para expulsar a los inmigrantes menores delincuentes y a sus familias.

En el ámbito laboral, UGT subrayó que "los inmigrantes tampoco han sido afortunados. La eliminación de la cotización y la prestación por desempleo para los titulares de determinados permisos o la intención de que el contingente de servicio doméstico tenga su propio procedimiento, eliminando para estos la garantía de la contratación en origen, producen desigualdad con los trabajadors autóctonos y entre los propios trabajadores inmigrantes".

Finalmente, la central sindical exige a Fernández-Miranda que investigue los "intolerables" trasladados de inmigrantes irregulares desde Las Palmas a la península.